[COLUMNA] Tres diferencias históricas de las Ues estatales

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Lee la columna en El Mercurio de Luis Loyola, Vicepresidente Consorcio de Universidades Estatales de Chile y Rector U. de Antofagasta, acerca del por qué las Ues Estatales no deben ser “tratadas por el financiamiento público como si se tratara de oferentes privados, porque no lo son”.


Es importante aclarar la historia de las universidades estatales chilenas y por qué, en el contexto de la Reforma a la Educación Superior, no pueden ser tratadas por el financiamiento público como si se tratara de oferentes privados, porque no lo son.

Su creación, la misión pública que les corresponde, como la estructura y régimen jurídico al que se someten, difieren sustancialmente de las otras, que no tienen carácter estatal.

Es necesario explicar que la institución universitaria ha formado parte de Chile desde sus inicios: primero, en 1842 se crea la Universidad de Chile, y más tarde, en 1947, la Universidad Técnica del Estado. Además, surgieron universidades de sectores como la iglesia o comunidades regionales, lo que dio lugar al desarrollo de una matriz público-privada o mixta.

El Consejo de Rectores nace por ley en 1954, y establece que el 0,5% de los impuestos fiscales y de los derechos de aduana y exportación serían destinados a la investigación universitaria con la siguiente distribución: 10/18 para la U. de Chile; 2/18 para la U. de Concepción; 2/18 para la U. Católica; 1/18 para la U. Católica de Valparaíso; 1/18 para la UTFSM; 1/18 para la U. Técnica del Estado, y 1/18 para la U. Austral.

Hacia fines de 1950, mientras las estatales eran financiadas casi en un 100% con recursos fiscales, las particulares recibían recursos del Estado que fluctuaban entre un 60% y 80% de su presupuesto. Más tarde, con la reforma de fines de los 60 se generaron cambios que fueron erradicados en dictadura. Esta situación correspondió al “Estado Subsidiario”, donde la educación transitó desde un concepto de bien público a un bien de consumo.

Las universidades estatales se transformaron desde lo público, a sobrevivir y competir incluso entre ellas, comportándose también como entes privados. No debían existir diferencias con las universidades privadas, aun cuando la naturaleza jurídica de las estatales restringiera su accionar en el nuevo “mercado de la educación”. Esta evidencia constituye una primera diferencia histórica.

A través de la promulgación de la Ley de Universidades de 1981, se autorizó la creación de universidades privadas, de institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT). Esta reforma también afectó a las dos grandes universidades estatales, de cuyas sedes regionales nacieron 14 universidades y dos institutos profesionales. Ello explica, en parte, los menores aportes que reciben algunas estatales regionales respecto de sus pares no estatales, que al no ser universidades nacionales en el origen, sino regionales, no vieron subdivididos sus aportes históricos. Una segunda diferencia que lleva casi 35 años de historia.

El financiamiento fue reformulado y los aportes que recibían estatales y no estatales estarían conformados a partir de 1981 por tres instrumentos: Aporte Fiscal Directo (AFD), Aporte Fiscal Indirecto (AFI) y los aranceles universitarios. Adicionalmente, se instauran fondos concursables para investigación.

El AFD estaría destinado a financiar la investigación científica y tecnológica, así como la extensión universitaria. Este aporte históricamente ha beneficiado a la mayoría de las universidades no estatales del Cruch. Incluso si estos recursos se dividen por la cantidad de alumnos de cada institución, se observa que 11 universidades estatales (de 16) y solo 4 no estatales (de 9) se encuentran bajo el promedio de la relación AFD/alumno.

El AFI es en teoría un incentivo para que las instituciones de ES aumenten su calidad a través de sus estudiantes. Este aporte se distribuiría en principio entre las 25 instituciones del Cruch, según la preferencia de los 20 mil mejores postulantes que ingresaran a ellas, pero a partir de 1987 el AFI se distribuye entre todas las instituciones que matriculan a alumnos con los 27.500 mejores puntajes de la PAA (hoy PSU) en el primer año de estudios.

El financiamiento por la vía de aranceles (becas, créditos o pago directo) ha crecido en los últimos años, significando en la mayoría de los casos más del 70% de los presupuestos universitarios.

Cabe mencionar, además, que las universidades estatales tienen que cumplir con un número más exigente de leyes, a las cuales no están afectas las universidades no estatales; esta tercera y última evidencia histórica da cuenta de las diferencias que han debido enfrentar las universidades estatales, que hoy solo buscan fortalecerse como el pilar público en educación superior para cumplir un rol y misiones específicas para el desarrollo de las regiones y el país.

Un sistema estatal debilitado amenaza el sistema de provisión mixta que ha caracterizado a Chile históricamente, y es eso justamente lo que hoy se intenta detener.


 

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