Vicepresidente del CRUCh “Si el Estado sigue financiando el mercado, la reforma terminaría afirmando el actual modelo”

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La información más esperada por el Consejo de Rectores (Cruch) con respecto a la reforma a la educación superior, era el detalle del modelo de financiamiento institucional que propondrá el proyecto de ley que alista el gobierno.

Ante esto, el vicepresidente del Cruch y rector de la Universidad de Valparaíso habló con La Tercera y analizó el impacto que tiene esta noticia en el sistema.

¿Qué implica que la reforma no contemple una modificación estructural del sistema de financiamiento?

En materia de financiamiento a la educación superior no basta con la gratuidad. Este es un avance valioso, pero es sólo uno de los instrumentos de esta política pública. Si el único cambio es la gratuidad, entonces, la reforma quedará cualitativamente inconclusa. Pero ello tiene un riesgo mayor: que termine consolidándose un sistema de educación de mercado financiado por el Estado. Se trata de instituciones con todo tipo de facilidades, incluida la inexistencia de comunidades académicas y otras exigencias fundamentales para hablar de universidades o educación superior, que recibirán tanto o más recursos que la instituciones que integran la oferta pública y responden a una tradición de complejidad, estándares y fines públicos. Esta sería una inconsistencia inaceptable.

¿Cuál era el compromiso del gobierno al respecto?

Siempre se dijo y se entendió que habría recursos para investigación y otras funciones de interés público, distintos al financiamiento de la docencia, que tendrían la forma de aportes basales. El propósito era establecer una diferencia entre las instituciones, dependiendo de su mayor o menor contribución a esas mismas funciones de interés público. Nadie está pidiendo que estos nuevos recursos se incorporen para el próximo año o para el subsiguiente. Lo grave es que no se advierte tampoco un horizonte de tiempo para que, con la gradualidad que se necesite, se generen ahora los instrumentos y cuando sea factible los incrementos correspondientes. Este hecho denota una ambigüedad ya no conceptual, sino de carácter político respecto del sentido de esta reforma.

¿Qué relación tienen los actuales instrumentos con el modelo de mercado?

Si se van a mantener los actuales aportes basales, pero también los cuantiosos y mayores recursos que se gastan en subsidio a la demanda, se terminará menoscabando la oferta pública. El financiamiento estatal sólo por la vía de fijar un “precio unitario” o arancel regulado por docencia, sin distinguir el carácter y fines de la institución, transformará al Estado en un mero comprador de servicios docentes. La reforma terminará en algo distinto a los propósitos anunciados al inicio porque, finalmente habrá tal vez un mercado algo más regulado, pero eso no equivale a fortalecer la función pública en educación superior. El Crédito con Aval del Estado (CAE) debería terminarse o disminuir gradualmente, cumpliendo los compromisos vigentes con las personas, instituciones y entidades bancarias, pero no se puede mantener como el instrumento inamovible y más cuantioso del sistema, destinado a fortalecer la oferta privada a costa de recursos del Estado o del endeudamiento de los estudiantes o sus familias.

¿Qué efectos puede tener esta decisión de no hacer cambios en el respaldo social a la reforma?

Si esto quedará así hasta el final y así fuera despachado al Congreso, desde luego ello tendría un impacto negativo, restaría entusiasmo y nos ubicaría, en esa materia, en una actitud muy crítica al proyecto. Ello sería muy lamentable porque siempre hemos dicho en el Cruch que valoramos esta reforma y celebramos esta voluntad de cambio que ha tenido el gobierno de la Presidenta Bachelet. Para los demás actores sociales será también muy difícil de entender y aceptar. Pero, todavía hay tiempo para hacer las rectificaciones imprescindibles en el proyecto que se envíe al Parlamento. A ello se debe agregar la discusión parlamentaria que en un proyecto de esta envergadura, sin duda, ofrecerá oportunidades para su perfeccionamiento.

Sin un cambio en el financiamiento ¿podemos seguir hablando de una reforma?

En materia de institucionalidad, regulación, gratuidad y calidad lo que se propone y conocemos importa cambios sustantivos, pero si el Estado va a seguir financiando la existencia de un mercado, sin fortalecer a las instituciones de la oferta pública, entonces la propuesta de reforma terminaría afirmando la actual modelo y fisonomía de la educación superior chilena. La reforma, a nuestro juicio, debe garantizar que un conjunto de instituciones, de carácter público o privado, junto con recibir financiamiento estatal asuman responsabilidades en el logro de objetivos de bien común y en la función social que corresponde a todo sistema educativo. Esto no se logra sin cambios en el sistema de financiamiento.

¿Qué pide el Cruch en relación a las universidades regionales?

Uno de los efectos de no introducir cambios en la estructura de financiamiento a las instituciones es que las asimetrías que se aprecian en el Aporte Fiscal Directo (AFD) se seguirán reproduciendo. Por esta razón creemos que las universidades que se hallan por debajo del promedio del AFD, donde hay varias regionales del Cruch, deberían tener acceso a un aporte específico, de carácter permanente, asociado al cumplimiento de ciertos objetivos en favor de sus respectivos territorios, sea en docencia, investigación o vinculación con los entornos productivos o socioculturales. Ello fortalecería la función pública y no la educación de mercado.

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